Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modificaba el Código Penal  ha supuesto un paso adelante respecto de la regulación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas que comenzó con la Ley Organiza 5/2010 y que veníamos sufriendo los operadores debido a las dudas jurídicas planteadas, no sólo por la falta de desarrollo de la misma, si no por las diferentes interpretaciones que se venían realizando.

Así, tras la entrada en vigor de la citada reforma, se viene a clarificar los limites de dicha responsabilidad que toda persona jurídica puede incurrir siempre y cuando hayan ejercido un efectivo nivel de control dentro de su propia organización  implementando y lo que es igual de importante, mantener actualizado, un programa de prevención del delito , también conocido como “Compliance penal” que vaya encaminado a la reducción sustancial de la comisión de delitos en el propio seno de la organización.

Para ello han de darse una serie de actuaciones por parte de la Compañía establecidas en el art. 31 bis 2 del Código Penal.

–          El órgano de administración ha debido de adoptar y ejecutar de manera eficaz en el seno de sus competencias y con anterioridad a la comisión del delito en cuestión, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o al menos reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

–         La supervisión del funcionamiento de dichos planes de cumplimiento han de ser confiados a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la mercantil .

–          Los  autores individuales hayan podido cometer los delitos han tenido que realizar dicha actuación eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención establecidos en la propia organización .

–          Y por último, y no por ello menos importante, es que la empresa no haya sucumbido a la omisión de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de control el cual tiene dicha tarea encomendada.

Únicamente para el caso de que se pudiera probar que dichos requisitos se ha producido de manera parcial, podría ser valorada por los órganos jurisdiccionales a los efectos de una hipotética atenuación de la pena.

De dicha obligación serán  también participe las empresas de reducida dimensión ( siendo consideración las que legalmente puedan realizar la presentación de cuentas anuales de manera abreviada ), las cuales podrán asumir dichas labores de supervisión por el propio órgano de administración.

Finalmente desde SUMA LEGAL ofrecemos nuestros servicios a las compañías que deben cumplir con dicha obligación legal, habida cuenta de que las sanciones que, de no realizarse dichos trabajos podrían incluso dar con la intervención judicial de la empresa y suspensión de la actividad, además de cuantiosas multas económicas, incluso con la disolución de la misma.